Investigar al poder es una necesidad republicana

En toda democracia republicana, el parlamento no sólo dicta leyes, también debe investigar y controlar al poder. Las comisiones investigadoras como la de $LIBRA son una herramienta esencial para dicha tarea. Sin ellas, el Congreso de la Nación pierde una de sus razones de ser y los argentinos quedan desarmados frente a los abusos del poder.

Algunos sostienen que, si una cuestión está en manos de la Justicia, el Congreso no debería intervenir. Ese argumento es equivocado y también riesgoso. Mientras la tarea del juez es determinar responsabilidades penales, el Congreso tiene la misión de establecer responsabilidades políticas, esclarecer hechos de interés público y proponer reformas legales que eviten la repetición de abusos. Al realizar esta labor, se podrá poner a disposición de la Justicia la información o pruebas recabadas que la asistan en su tarea. Son planos distintos que se complementan, nunca se anulan.

La historia argentina lo demuestra con claridad. La comisión más recordada fue la que encabezó Lisandro de la Torre en los años treinta, durante la investigación del “negocio de las carnes”.

Aquella comisión desnudó la trama de corrupción ligada al pacto Roca-Runciman, llegó a allanar buques y secuestrar documentación y terminó inmortalizada en la película Asesinato en el Senado de la Nación. Sin esa potestad investigadora, la sociedad nunca hubiera conocido la magnitud de aquel escándalo.

Hoy estamos ejerciendo una facultad propia del Congreso de la Nación que ha sido fundamental en la búsqueda de la verdad frente a acontecimientos de suma relevancia en nuestra historia reciente, entre ellos los ilícitos vinculados al lavado de dinero en el 2001, el hundimiento del ARA San Juan o el atentado a la AMIA.

Que la investigación se esté desarrollando ahora, en medio de un proceso electoral, no responde a especulación ni oportunismo político alguno, es consecuencia directa de los actos del propio oficialismo. Después de trabas y dilaciones, finalmente la Comisión Investigadora $LIBRA comenzó a funcionar. Fue necesario superar obstáculos y maniobras obstruccionistas del oficialismo, que desde febrero de este año bloquearon toda posibilidad de indagación y se negaron a dar explicaciones.

Tras su creación, el pleno de la Cámara de Diputados votó por destrabar la Comisión, que hoy funciona con quórum y mayoría reglamentaria de 15 de sus miembros en todas las reuniones. No se pretende atacar al gobierno, sino conocer la verdad y defender el derecho a saber de todo el pueblo argentino.

Una de las cuestiones más debatidas desde las primeras reuniones de trabajo de la Comisión es qué ocurre cuando -como sucedió el pasado martes- los testigos se niegan a comparecer. En ese caso, el Congreso puede citarlos incluso con auxilio de la fuerza pública, pero no puede mantenerlos detenidos ni imponer penas directas.

Lo correcto es que la Cámara deje constancia y dé intervención al Poder Judicial, de ese modo se protege al mismo tiempo la autoridad del Parlamento y los derechos individuales. Es así que el reglamento interno de la Comisión $LIBRA exige la intervención de la justicia para ejercer dicha prerrogativa.

Algunos autores sostienen que el artículo 75 inciso 32 de la Constitución Nacional otorga al Congreso facultades implícitas para ejercer sus funciones, y que estas incluyen la posibilidad de valerse de los medios necesarios para hacer cumplir su mandato. Sin embargo, incluso dentro de esa amplitud, el límite siempre está en la Constitución: ninguna prerrogativa parlamentaria puede convertirse en un abuso contra la libertad de los ciudadanos.

Juristas argentinos han analizado esta cuestión, así como la ha abordado la jurisprudencia en casos como “Lino de la Torre”, “Eliseo Acevedo”, “Klein”, “Peláez” y “Cruzada de Solidaridad”. El poder de investigación del Congreso es un medio, no un fin: debe estar al servicio de su función legislativa y de control.

Así, en respeto con las garantías constitucionales que establece el artículo 18 de la Constitución, el Congreso goza del poder de hacer todas las leyes y reglamentos que sean necesarios y convenientes para poner en ejercicio el mandato que le encomienda la Constitución. Autores como Pablo Manilli advierten un equilibrio entre facultades amplias cuando se trata de investigar a funcionarios o concesionarios del Estado, pero que deben ser más restrictivas cuando se trata de particulares.

Los buenos gobiernos necesitan oposiciones que los controlen, y ejercer esta función es parte esencial del sistema republicano. Muchos de quienes hoy cuestionan las facultades de esta Comisión investigadora -como Patricia Bullrich- en su momento promovieron comisiones con idénticas, o aún, más amplias prerrogativas de investigación. Las reglas son las mismas que se han aplicado históricamente: no hay nada irregular ni excepcional en este caso. Lo que sí ha fluctuado es el compromiso republicano de ciertos sectores de la dirigencia política, según el soplar de los vientos.

El desafío, entonces, no es elegir entre atribuciones institucionales y derechos individuales. El verdadero desafío es mantenerlos en equilibrio. Las comisiones investigadoras necesitan fuerza y credibilidad para desarmar posibles entramados de corrupción o irregularidades del poder. Pero al mismo tiempo deben actuar con respeto estricto a las garantías constitucionales, porque esa es la esencia misma de la república.

Hoy, cuando algunos intentan minimizar o desprestigiar el rol del Congreso, vale insistir: sin facultades de investigación, el Parlamento pierde su rol de contralor político, se convierte en un órgano decorativo y deja huérfanas a la república y la democracia. No se trata de caprichos políticos ni de choques de poder, se trata de respetar esas facultades constitucionales, pues renunciar a ellas sería renunciar a la libertad.