La agroindustria pide no quedar afuera de los incentivos

En el debate por un país diferente, el campo no quiere quedar afuera de las mejoras. Participa y propone.

En ese marco, el Consejo Agroindustrial Argentino (CAA) presentó a los jefes de bloque del Senado de la Nación una propuesta formal de modificación al Régimen de Incentivo para Medianas Inversiones (RIMI) incluido en el Proyecto de Ley de Modernización Laboral.

El objetivo de la entidad que representa a 63 cámaras y 36 cadenas de valor —responsables del 58% de las exportaciones del país—, es “corregir exclusiones que afectan a un grupo sustancial de empresas agropecuarias y agroindustriales”, permitiendo “que el régimen sea verdaderamente federal y promotor del empleo y la inversión”.

Desde el CAA se advierte que, bajo la redacción actual, un gran porcentaje de las inversiones agroindustriales de economías regionales quedarían excluidas de los beneficios. Entre los sectores afectados se encuentran:

• Bodegas y plantas de procesamiento de alimentos y bebidas.

• Plantas de tratamiento y acondicionamiento de semillas, frutas y legumbres.

• Molinos y fábricas de molienda de girasol.

• Industria de maquinaria agrícola.

Actualmente, el RIGI ya excluye las inversiones agroindustriales, dejando fuera del marco legal al 18% del PBI y al 65% de las inversiones productivas anuales. Al limitar el RIMI exclusivamente a PYMEs, se repite este escenario de desprotección para la inversión mediana.

La propuesta del Consejo se centra en la modificación de los artículos 175 y 177 del proyecto:

• Inclusión de todo tipo de empresas: Se propone eliminar las restricciones que limitan el beneficio solo a Micro, Pequeñas o Medianas empresas (Tramo 2), permitiendo que cualquier empresa agropecuaria pueda aplicar si realiza inversiones productivas significativas.

• Nueva categoría de inversión: Se sugiere incorporar un inciso para “el resto de las empresas” no categorizadas como PYMEs, estableciendo un monto de inversión mínima de 30 millones de dólares (US$ 30.000.000) para acceder a los beneficios del régimen.

El CAA destaca que estos cambios ya contaban con el consenso del Poder Ejecutivo y fueron incluidos previamente en proyectos legislativos del año 2024. La entidad solicita avanzar con sesiones informativas junto a cámaras empresariales de diversas provincias para asegurar una ley que impulse efectivamente la producción y exportación nacional.

En el mismo sentido, en el plenario conjunto de las comisiones de Trabajo y Presupuesto del Senado, la Fundación Barbechando presentó observaciones al proyecto oficial, en especial a los incentivos a la inversión y a los criterios para la reforma laboral.

El tesorero de Barbechando, David Hughes, celebró que el debate legislativo incluya a la agroindustria y a sus especificidades, históricamente planteadas por el sector.

“Celebramos que la agroindustria esté en la agenda, lo habíamos visto pasar últimamente. Y también celebramos la incorporación de la Ley de Trabajo Agrario 26.727, que muchas veces cuando se tratan temas laborales quedamos afuera, excluidos”, destacó.

Hughes recordó que Barbechando está integrada por productores y representantes de instituciones de la cadena agroindustrial, que trabajan con legisladores nacionales y provinciales para impulsar marcos normativos que acompañen el desarrollo del sector.

En ese sentido, valoró que el proyecto oficial contemple los sujetos alcanzados por la legislación laboral y tributaria, e instó a los senadores a atender la heterogeneidad del entramado productivo rural.

Durante su exposición, subrayó que la estructura agropecuaria está integrada mayoritariamente por pymes y productores individuales. Para ilustrarlo citó datos del Censo Nacional Agropecuario 2018: el 85% de los productores del país son personas humanas —211.928 de alrededor de 250.000—, un dato que consideró clave a la hora de diseñar políticas tributarias y laborales. Afirmó que esa realidad debería verse reflejada tanto en la reforma laboral como en el Régimen de Incentivos a las Medianas Inversiones (RIMI).

Respecto de este régimen, Hughes consideró que “todo ayuda” y que la orientación general es adecuada. Destacó su potencial para fomentar inversión en infraestructura, bienes de capital y adopción tecnológica.

Celebró particularmente los incentivos para sistemas de riego, bienes de alta eficiencia energética y la devolución del saldo técnico del Impuesto al Valor Agregado (IVA), un reclamo histórico del sector. En su opinión, “estos incentivos van a generar inversión que es desarrollo de nuestro interior y generación de empleo”.

Sin embargo, planteó una preocupación central: los montos mínimos exigidos para acceder al régimen. Presentó cálculos que buscan dimensionar la capacidad financiera de las pymes agropecuarias.

Según mencionó, con parámetros del organismo recaudador actualizados a abril de 2025, una microempresa tiene ventas anuales de hasta US$456.000.

Si se asume, a modo de ejemplo, un margen del 10%, esa firma obtendría una ganancia estimada de US$22.800 anuales.

Con ese nivel de resultados, la inversión mínima requerida por el proyecto —US$150.000— resulta difícil de afrontar, aun recurriendo al financiamiento. “Estamos solicitando que revisen hacia abajo los montos mínimos para las cuatro categorías”, planteó.

Aclaró que la entidad cuenta con información técnica adicional y está dispuesta a acercarla a los legisladores.

En el tramo final, Hughes pidió que los incentivos tributarios no se limiten a las personas jurídicas y solicitó avanzar hacia una reducción del impuesto a las ganancias también para productores individuales.

Reconoció las restricciones fiscales del Estado, pero recordó que persisten “derechos de exportación” y otros temas pendientes para mejorar competitividad e inversión.

El expositor cerró agradeciendo la convocatoria y reiterando que el sector pretende aportar al diseño de políticas públicas que contemplen la diversidad productiva. “Es muy importante para generar inversión y desarrollo en el resto de nuestro país, más allá de Buenos Aires”, afirmó ante el plenario.